Cortolima tendrá en cuenta el concepto de Oposición de la comunidad de Villa Cafè por los estudios técnicos ambientales de la empresa "LATINCO S.A."...
Por. Guillermo A. Castro T.
Comunicador & Relacionista Público
El Informativo Villa Cafè.
Cortolima dio respuesta a la carta que muy amablemente la presidenta de la JAC de Villa les envío el día 8/08/2013. Algunos de los renglones de la respuesta de esta carta, la institución muy respetablemente invita a la comunidad en leer la Ley 99 del 93-Procedimientos de Participación Ciudadana en el Titulo X.
El Informativo Villa Café encontró dicha Ley haciendo una investigación minuciosa a personas profesionales de las leyes o de la abogacía y determinan que dentro de esta Ley en su Art 72- nos habla en acudir o participar en una Audiencia Pública llevando los argumentos y pruebas técnicas por parte de la misma comunidad, estas las podrán realizar personas interesadas o terceras personas que quieran participar en estos procesos.
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| RESPUESTA DE CORTOLIMA Ley 99 del 93-Procedimientos de Participación Ciudadana en el Titulo X.
LEY 99 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1993 Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia, DECRETA:
(...)
TITULO X DE LOS MODOS Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA ARTICULO 69.- Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.
ARTICULO 70.- Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los [Artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo] y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.
ARTICULO 71.- De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del [Artículo 44 del Código Contencioso Administrativo] y se le dará también la publicidad en los términos del [Artículo 45 del Código Contencioso Administrativo], para lo cual se utilizará el boletín a que se refiere el artículo anterior.
ARTICULO 72.- De las Audiencias Públicas Administrativas sobre Decisiones Ambientales en Trámite. El Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales, el Defensor del Pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro, cuando se desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, y para la cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley o a los reglamentos, podrán solicitar la realización de una audiencia pública que se celebrará ante la autoridad competente para el otorgamiento del permiso o la licencia ambiental respectiva.
La audiencia de que trata el presente artículo se celebrará con anticipación al acto que le ponga término a la actuación administrativa, bien sea para la expedición, la modificación o la cancelación de un permiso o licencia ambiental.
La audiencia pública será convocada por la autoridad administrativa ante la cual se solicita, mediante edicto, con una anticipación de por lo menos treinta (30) días a la toma de la decisión a debatir. El edicto comunicará la fecha, lugar y hora de celebración y el objeto de la audiencia. Será presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado. El edicto permanecerá fijado en secretaría por diez (10) días, dentro de los cuales deberá ser publicado en un diario de circulación nacional y en el boletín de la respectiva entidad.
En la audiencia pública podrán intervenir un representante de los peticionarios, los interesados, las autoridades competentes, expertos y organizaciones sin ánimo de lucro que hayan registrado con anterioridad escritos pertinentes al debate, y de la misma se levantará un acta. En la audiencia podrán recibirse las informaciones y pruebas que se consideren conducentes. La decisión administrativa deberá ser motivada, teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas recogidas durante la audiencia.
La celebración de la audiencia suspende los términos del procedimiento administrativo para el otorgamiento de licencias o permisos y se hace sin perjuicio de las facultades atribuidas a la autoridad competente para expedir el acto administrativo correspondiente.
También podrá celebrarse una audiencia pública durante la ejecución de una obra que haya requerido permiso o licencia ambiental, cuando fuere manifiesta la violación de los requisitos exigidos para su otorgamiento o de las normas ambientales.
ARTICULO 73.- De la Conducencia de la Acción de Nulidad. La acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente.
ARTICULO 74.- Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana, de conformidad con el [Artículo 16 de la Ley 23 de 1973]. Dicha petición debe ser respondida en diez (10) días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros que están destinados a la preservación del medio ambiente.
ARTICULO 75.- De la Intervención del Ministro del Medio Ambiente en los Procedimientos Judiciales por Acciones Populares. Las acciones populares de que trata el [Artículo 8 de la Ley 9 de 1989] y el [Artículo 118 del Decreto 2003 de 1989] deberán ser notificadas al Ministro del Medio Ambiente. Este o su apoderado emitirán concepto sobre cualquier proyecto de transacción sometido por las partes procesales para su aprobación al juez competente, en audiencia pública que se celebrará previamente a esta decisión.
Recibido el proyecto en el despacho, el juez ordenará la celebración de audiencia pública dentro de los treinta (30) días siguientes mediante edicto que se fijará en la secretaría por diez (10) días, durante los cuales se publicará en un periódico de circulación nacional. El edicto contendrá un extracto de las cláusulas referentes a las pretensiones de la demanda relacionadas con la protección del medio ambiente.
En la audiencia podrán intervenir las partes, el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, la entidad responsable del recurso, las personas naturales o jurídicas que hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto, y en ella el juez podrá decretar y recibir pruebas. La aprobación o rechazo del proyecto de transacción se proferirá al término de la audiencia.
El juez conservará competencia para verificar el cumplimiento de las transacciones y podrá en cualquier momento darle curso a las acciones populares originadas en el incumplimiento de la transacción, salvo lo dispuesto en este artículo, en el trámite de acciones populares se observará el procedimiento señalado en el [Decreto 2651 de 1991], el cual se adopta como norma legal permanente. Los jueces municipales serán competentes en primera instancia si los procesos son de mínimo cuantía y los jueces del circuito lo serán si son de mayor cuantía.
ARTICULO 76.- De las Comunidades Indígenas y Negras. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales, de acuerdo con la [Ley 70 de 1993] y el [Artículo 330 de la Constitución Nacional], y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades.
TITULO XI DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN ASUNTOS AMBIENTALES
ARTICULO 77.-
Del Procedimiento de la Acción de Cumplimiento. El efectivo cumplimiento de las leyes o actos administrativos que tengan relación directa con la protección y defensa del medio ambiente podrá ser demandado por cualquier persona natural o jurídica, a través del procedimiento de ejecución singular regulado en el [Código de Procedimiento Civil].
ARTICULO 78.-
Competencia. Si el cumplimiento proviniere de una autoridad del orden nacional, será competente para conocer del proceso de ejecución en primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca; en los demás casos, el Tribunal Administrativo correspondiente a la jurisdicción de la autoridad demandada.
ARTICULO 79.-
Requerimiento. Para librar el mandamiento de ejecución, el juez del conocimiento requerirá al jefe o director de la entidad demandada para que por escrito manifieste la forma como se está cumpliendo con las leyes y actos administrativos invocados.
ARTICULO 80.-
Mandamiento de Ejecución. Pasados ocho (8) días hábiles sin que se obtenga respuesta del funcionario, se procederá a decretar la ejecución. En el mandamiento de ejecución se condenará en costas al funcionario renuente y a la entidad que pertenezca, quienes serán solidariamente responsables de su pago.
ARTICULO 81.-
Desistibilidad. En ningún caso podrá el actor desistir de sus pretensiones
ARTICULO 82.-
Imprescriptibilidad. La ejecución del cumplimiento es imprescriptible.
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